La ministra Montero presenta la oferta pública de empleo para 2023 // Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa
EL Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas reservó un total de 2.121 plazas para personas con discapacidad en la oferta pública de empleo (OEP) de 2023, cifra que supone un aumento del 3,7% respecto al año pasado.
En concreto, el real decreto ley publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) establece que, de las 21.157 plazas asignadas al turno libre, 1.081 se destinarán a personas con discapacidad general y las 301 restantes a personas con alguna discapacidad intelectual
En cuanto a la promoción interna, de los 10.563 puestos de trabajo que se destinarán a promociones, la cuota de personas con discapacidad general se ha fijado en 542 puestos, frente a los 197 de los funcionarios con discapacidad intelectual.
Cabe recordar que el artículo 59 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece que el 7% de los puestos ofertados estarán reservados para personas con discapacidad, “siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y compatibilidad con el ejercicio de tareas». Asimismo, la ley establece que se realizará la reserva del 7% de plazas de forma que se reserve el 2% de las plazas ofertadas para personas con discapacidad intelectual y el 5% de plazas para personas que puedan acreditar cualquier otro tipo de discapacidad.
6,7% del total
Del total de 2.121 plazas reservadas para la Oferta Pública de Empleo 2023, 498 se reservarán para personas con discapacidad intelectual y 1.491 para personas con otro tipo de discapacidad. Por tanto, las plazas para personas con discapacidad representan el 6,7% de las 31.725 aprobadas, por lo que, a priori, parecería que se está incumpliendo la ley.
Sin embargo, el Ministerio de Hacienda explicó a Servimedia que en realidad se respeta la cuota del 7% porque el porcentaje de la reserva de invalidez “no es adicional a la OEP”, sino que se calcula restando del total aprobado las plazas reservadas para personas con discapacidad. .
Así, la cartera que dirige María Jesús Montero se llevó el porcentaje de 29.604 escaños, que son el resultado de restar los 2.121 dedicados a personas con discapacidad de los 31.725 escaños incluidos en el decreto. Con estas cifras, el Gobierno concluye que la cuota asignada a este colectivo se acerca al 7,2%, por lo que la reserva superaría lo previsto en la ley.
Distribución de asientos
La Administración General del Estado tiene reservadas la práctica totalidad de las plazas para personas con discapacidad –1.989–. Para los turnos libres, el Órgano de Administración (C1) es el que reserva un mayor número de plazas para candidatos con discapacidad, con un total de 413. En la escala de funcionarios del Órgano de Dirección (A2) se mantienen 183 plazas, algo más 137 de A1 (funciones de dirección, inspección, ejecución y control) y 79 de C2 (Órganos Auxiliares).
Además, se reservan 40 plazas para entrar en el escalafón de funcionarios de administraciones locales con titulación nacional en turno libre, 10 para la red hospitalaria del Ministerio de Defensa, tres para el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y otras tres para trabajar como Profesor de secundaria. Todas estas ocupaciones públicas serán para personas con discapacidad general.
Las personas con discapacidad intelectual tienen una sola reserva para los turnos libres convocados en el IV Contrato Único de Trabajo. En promoción interna, sin embargo, las 197 plazas asignadas a este grupo son para el ascenso al Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado.
En cuanto a las personas con discapacidad general, la mayoría de los puestos de promoción interna se concentran en la Administración General del Estado –477–. El resto es para la promoción a la escala de funcionarios de la administración local con titulación nacional –15–, al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) –3– ya la red hospitalaria del Ministerio de Defensa –2–.
Finalmente, en la Administración de Justicia se han reservado 84 plazas para personas con discapacidad general que acceden a través de concursos públicos. Asimismo, habrá otros 48 para promociones internas.
Procesos, notificaciones y juzgados
El decreto indica que las plazas reservadas para personas con discapacidad podrán convocarse junto con las plazas ordinarias o mediante convocatoria separada para cubrir las plazas en turnos libres. Por su parte, las plazas reservadas para personas con discapacidad intelectual se realizarán en convocatoria separada, a excepción de las de promoción interna, que se convocarán conjuntamente con el resto.
Las personas con discapacidad, por su parte, que soliciten el cupo de reserva y superen los ejercicios pero no obtengan plaza para dicho cupo, se ubicarán en el orden de puntos del sistema general de acceso. En cuanto a las plazas reservadas para personas con discapacidad que queden vacantes, no se acumularán en el turno general en el caso de procesos de libre acceso, sino que lo serán en procesos de promoción interna.
En cuanto a las pruebas selectivas, cursos selectivos y ejercicios, la ley establece que para las personas con discapacidad que los soliciten, “se realizarán las adaptaciones necesarias y los ajustes razonables de tiempos y medios para su realización”.
Asimismo, los departamentos ministeriales deberán velar por que la información de las licitaciones se realice en formatos adecuados siguiendo los principios de accesibilidad universal y diseño para todas las personas.
Finalmente, la ley también indica que “se promoverá la participación en los tribunales y órganos de selección de personas con discapacidad, particularmente en aquellos procesos en los que exista un turno reservado para este colectivo”.
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