En 2021, la población con discapacidad reconocida en Cataluña era de 634.799 personas, de las cuales más de 79.000 con discapacidad intelectual, es decir, 1 de cada 100, según el Primer Informe sobre la situación de la discapacidad intelectual en Cataluña que juntos publicaron la semana pasada Lunes yo Fundación Granès.
Es precisamente este tipo de discapacidad -intelectual- la que ha mostrado una tendencia creciente en los últimos años (aumento de 1,3 puntos, del 10,3% en 2015 al 11,6% en 2020), cifra que aumenta si se incluye también la discapacidad físico-intelectual.
Por sexo y edad, el informe destaca que la discapacidad intelectual es más común entre los hombres (60,7%) que entre las mujeres (39,3%). Sin embargo, con el aumento de la edad aumentan los casos de mujeres con discapacidad intelectual. Si a edades tempranas sólo el 28,4% de los casos son mujeres, a partir de los 75 años las mujeres son el 64,4% de los casos de discapacidad intelectual.
Por grupos de edad, el estudio confirma que el mayor porcentaje de casos se concentra en la infancia y en personas de entre 20 y 34 años. A medida que envejecemos, son menos los casos de personas con discapacidad intelectual reconocida. Cabe señalar que, en este sentido, se estima que la esperanza de vida de las personas con TID es 10 años inferior a la de la población general.
Las personas con discapacidad intelectual deben poder decidir dónde vivir y cómo vivir; contar con servicios de atención y apoyo en la comunidad en la que viven; y acceso a instalaciones y servicios comunitarios como se describe en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Está claro que el modelo de residencia en una institución no garantiza esta independencia de la persona, pero existen diversas fórmulas que prevén un apoyo más o menos intenso para dotar a la persona de los recursos necesarios para poder desarrollar su vida. plan, incluida la asistencia personal necesaria para facilitar su inclusión en la comunidad y evitar el aislamiento o la separación, y garantizar que las instalaciones y servicios comunitarios existentes para la población en general estén, en igualdad de condiciones, también disponibles para las personas con discapacidad.
En este sentido, se dispone de diversos recursos, como residencias permanentes, centros de día y apartamentos con apoyo. Además, hay que contar las personas que viven en su hogar de acogida, donde reciben el apoyo que necesitan.
Según una encuesta familiar realizada para el informe, el 85,3% de las familias cree que las personas con TID deberían poder decidir con el apoyo necesario dónde, con quién y cómo quieren vivir. Dato que contrasta con el 52,3% de personas con TID que dicen no haber podido decidir dónde vivir ni con quién vivir. De hecho, al 40% de las personas con TID entrevistadas le gustaría vivir en un apartamento solo o en pareja, solo el 9% disfruta de esta situación.
En los últimos años, la figura del asistente personal se ha visto como una alternativa que garantiza mejor el respeto a los derechos de las personas con TID y su autonomía. En este mismo tipo de atención dirigida a facilitar la autonomía de las personas con DID, se encuentra el Servicio de Asistencia y Apoyo a la Autonomía de la Vivienda Propia, que ofrece orientación y apoyo a las personas con DID que quieren vivir en una casa de forma independiente pero necesitan algún tipo de apoyo para poder valerse por sí mismos. Este apoyo a la vida independiente incluye apoyo para el desarrollo de actividades de cuidado personal, domiciliario y comunitario.
Otro aspecto a tener en cuenta para conocer la situación de vida de las personas con discapacidad intelectual es que el tiempo medio de espera para acceder a un recurso residencial para personas con discapacidad intelectual fue de 22 meses de 2015 a 2020. Un tiempo medio que asciende a 32 meses cuando el No se define el tipo de apoyo necesario.
