Paulatinamente, y tras décadas entre nosotros, el nivel de cumplimiento de la normativa de reserva obligatoria del 2% de los puestos de trabajo para personas con discapacidad en empresas ordinarias de más de 50 trabajadores en virtud del artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013 por el que se reformula la normativa general ley sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Este es el caso tras el reciente estudio La actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social hacia las personas con discapacidad, obra de los profesores Carlos de Fuentes García-Romero de Tejada y Segundo Valmorisco Pizarro, de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y publicada semanas atrás por la Revista Española de Discapacidad. El trabajo incluye la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social hacia las personas con discapacidad y en particular en la incidencia de la misma en alcanzar la cuota de reserva del 2%. Por tanto, se trata de la necesidad de tales actuaciones por parte de la Inspección y de las infracciones y sanciones en contravención de la reserva. En este punto, por ejemplo, la doctrina reconoce que el efecto disuasorio de las sanciones actuales es claramente insuficiente y que deberían imponerse tantas sanciones como trabajadores no contractuales haya y ni una sola como hasta ahora.
El estudio también habla de los criterios técnicos que utiliza esta institución para monitorear y verificar el cumplimiento de la cuota de reserva. El artículo también aborda la excepcionalidad de las medidas alternativas y todo lo que se debe hacer para reconocer esta excepcionalidad y señala que la inspección de trabajo realiza aproximadamente 3.500 actuaciones específicas cada año para verificar el cumplimiento de la cuota, lo que significa que “El 21% de todas las acciones relacionadas con el trabajo y la contratación tienen al colectivo como protagonista de las personas con discapacidad”una cifra que los investigadores consideran «Muy importante» y una reflexión «Las cosas estan yendo bien.»
Ahora bien, ¿qué concluye este trabajo?
Aunque, como hemos dicho, esta normativa lleva décadas con nosotros, su cumplimiento es aún muy bajo; sin embargo, cada vez son más las empresas que cumplen con la obligación legal. De hecho, en 2019, el 58,5% de los trabajadores con discapacidad contratados en empresas de más de 50 trabajadores lo fueron en empresas donde el porcentaje de trabajadores con discapacidad en plantilla no llegaba al 2%, es decir, no respetaban la cuota. Sin embargo, cinco años antes, el porcentaje era casi del 80%. “Esta cifra debería ser del 0%, ya que las empresas deberían tener al menos un 2% de personas con discapacidad en la fuerza laboral. Así que todavía tenemos mucho, mucho por hacer”.explicaron los docentes de la FECETC.
Por el contrario, el número de trabajadores registrados en empresas con entre un 2 y un 5% de trabajadores con discapacidad aumentó casi un 15%, mientras que en empresas con más del 5% este incremento fue del 6%: «La evolución es claramente satisfactoria», dicen los autores del estudio, ya que se puede concluir que el número de empresas que cumplen con la obligación legal es cada vez mayor. y lo guardan “Seguro que la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tuvo algo que ver en esta evolución positiva del empleo del grupo”.
Propuestas futuras
En base a los datos analizados, que creemos muy interesantes como punto de partida para el seguimiento de su evolución, el estudio considera muy positiva la labor inspectora para mejorar el cumplimiento de la cuota de reserva, si bien ha detectado una ralentización en la tendencia de mejora y habla de una «Techo de cristal» en la inclusión laboral del grupo. Y propone, entre otras medidas para avanzar, incorporar más datos y sistematizar la recopilación de información, así como poner en marcha otras iniciativas que ayuden a incrementar los índices de inclusión laboral de las personas con discapacidad.
En este punto se adhiere a la idea de rebajar el umbral de cuota obligatoria del 2% para empresas de 20 o más empleados. Asimismo, se compromete a impulsar planes específicos de formación y empleo para el colectivo y a hacer efectivas las cláusulas sociales en la contratación pública, con especial atención a los centros especiales de trabajo de iniciativa social, y a reformular la posibilidad de conciliar trabajo y pensiones de la seguridad social. “Necesitamos un nuevo paradigma para el empleo de personas con discapacidad”concluye.
