El recurso interpuesto semanas atrás por Hagamos Cataluña contra la Orden de la Generalitat EMT 136/2022, de bases que regulan las solicitudes de subvenciones a los Centros Especiales de Empleo (CET) de Cataluña, fue protagonista de una sesión informativa celebrada el pasado 25 de mayo en la sede de ONCE Cataluña.
La reunión, a la que asistieron unas cincuenta personas, unas en directo y otras por videoconferencia, tuvo como invitado al abogado que interpuso el recurso, Alexander Pérez, de Muñoz Machado Abogados, según el cual “hay argumentos ocultos para estimar la demanda”.
El sector de la discapacidad en Cataluña ya ha manifestado su disconformidad con estas fundaciones durante su elaboración, por no estar adaptadas a las necesidades del sector, al mismo tiempo que el Gobierno central aprueba medidas económicas que incrementan las ayudas a los CET que en Cataluña no no aplicar. Así las cosas, y con el consentimiento y apoyo de las diferentes plataformas que representan a la CET catalana, Feacem Catalunya ha presentado este recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El presidente de Feacem Catalunya, Rafael Ruano, lamentó aunque “somos parte importante en la decisión de las políticas de inclusión laboral de las personas con discapacidad y conocemos todos sus problemas, la Generalitat no nos tiene en cuenta” y esto “era la única forma de dar a conocer nuestra opinión”.
Luego tomó la palabra Alexander Pérez, quien al principio explicó que elordende 14 de junio de 2022, introduce determinados cambios con respecto a las bases anteriores y contraviene el Real Decreto 818/2021 sobre programas comunes de activación para el empleo y algunos de sus artículos se apartan de los mínimos establecidos por este Real Decreto de Estado, de los que destacan los relativos a destaca, entre otros, distintos porcentajes de subvención al puesto de trabajo en función de la edad, el sexo o las dificultades particulares, porcentajes que la Generalitat ha modificado con carácter general a la baja, y lo justifica diciendo que se trata de programas propios, que contienen las políticas anuales de empleo que la Generalitat Las comunidades autónomas deben seguir y diferenciar entre programas estatales y autonómicos, subraya que se trata de un programa común y, por tanto, deben cumplir con el Real Decreto.
Por otro lado, y a nivel formal, son bases que omiten una serie de “procedimientos esenciales para la participación ciudadana” que, conforme a la ley, son de obligado cumplimiento. Por tanto, precisamente por esta omisión formal existen argumentos suficientes para la nulidad total de las bases. En particular, se han omitido los métodos de publicación de la consulta pública, la audiencia pública y la información al público (estos dos últimos pueden coincidir en el tiempo). Pérez explicó que había optado por pasar por lo básico y no por las licitaciones porque una posible cancelación de las licitaciones podría acarrear la obligación de devolver las subvenciones recibidas, con todo el revuelo económico que eso podría suponer para los CET.
Mientras tanto, se estima que podría esperarse una condena dentro de un año. De todos modos, “estamos en una situación completamente equivocada de redistribución de recursos que vienen de la administración y que son imprescindibles para la continuidad de los centros especiales de trabajo”se quejó Rafael Ruano al final de la sesión.
