Los diferentes representantes de la patronal del sector social en Cataluña, que han participado hoy en la firma del convenio con la Departamento de Derechos Sociales de aumentar las tarifas de parte de la red de servicios públicos de asistencia social en un 3% para el año 2022, mostraron su satisfacción por esta mejora pero al mismo tiempo coincidieron en subrayar que es totalmente insuficiente dada la situación económica en la que nos encontramos. reunir.
Así por ejemplo, la Confederación, aseguró en un comunicado que esta mejora no cubre las necesidades de mejora de las condiciones laborales de los trabajadores ni la sostenibilidad de la actividad. La patronal recuerda que venimos de un largo periodo de congelación de los precios de los servicios y, además, en el contexto actual, con una inflación superior al 10%, los precios de los costes de suministro se han incrementado significativamente, especialmente en los sectores energético y alimentario.
En la misma línea se expresó Lunes, representante de la discapacidad intelectual en Cataluña, que considera totalmente insuficiente la subida del 3% y pide que los presupuestos de la Generalitat para 2023 garanticen una nueva subida de tarifas y módulos de servicios con el objetivo de ennoblecerlos, mejorando la calidad de vida de los personas atendidas, establecer buenas condiciones de trabajo para los trabajadores y asegurar la rentabilidad de las entidades. De igual forma, la federación pide que este presupuesto no deje de atender el grave problema de las listas de espera para acceder a los servicios, así como el problema de la inflación, tanto para las familias como para las instituciones. En concreto, señala que según un estudio realizado por Plena Inclusión, los gastos de las instituciones han aumentado en promedio un 9% y los precios de los productos de primera necesidad como la luz o el gas, lo han hecho en un 72% y un 32%, respectivamente.
Por otra parte, La UnionAsociación de Entidades Sanitarias y Sociales, que representa la transversalidad de servicios en el sector social concertado (mayores, discapacitados, salud mental…), destaca en el convenio el compromiso de las partes para favorecer la mejora de los salarios y condiciones laborales de los profesionales en el sector, ennobleciendo así la profesión y contribuyendo a la mejora de la calidad de la asistencia a las personas.
En palabras de su directora general, Roser Fernández “este convenio debe permitir orientar y potenciar las áreas de negociación colectiva con este objetivo, y al mismo tiempo prever la necesidad de controlar la evolución del resto de costes del sector para asegurar una adecuada financiación y garantizar la calidad del servicio».