Él Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 cerró el año 2022 con importantes avances en materia de discapacidad. De hecho, tal y como se publicó este viernes, la inversión en pólizas de invalidez aumentó un 463% entre 2020 y 2022, superando los 292 millones de euros.
En octubre se aprobó el nuevo baremo de reconocimiento de discapacidad con el que el Gobierno responde a una petición de personas con discapacidad que llevan 10 años bloqueadas: el trámite urgente de reconocimiento por causas humanitarias o de especial necesidad social, sanitaria y de esperanza de vida , como las personas con enfermedades como la ELA. En línea con la ampliación de los derechos de las personas con discapacidad, también se aprobó el proyecto de Ley de Accesibilidad, iniciativa que desarrolla varias directivas, entre ellas la conocida como Ley Europea de Accesibilidad.Gracias a esta disposición, de los casi 4,38 millones de personas con Las personas con discapacidad que vivan en nuestro país dispondrán de productos y servicios más accesibles, como el número de emergencias 112, garantizando sus derechos como clientes, consumidores y usuarios y permitiendo la libre circulación sin discriminación y con mayor autonomía dentro de la Unión Europea.
Además de los avances en el campo de la discapacidad, también ha cumplido con sus principales compromisos, entre ellos la elaboración de la Ley de Familia, una de las leyes que más profundamente cambiará la situación de conciliación y cuidado de nuestro hogar y la Ley de Protección Animal. , pionero en nuestro país, y con el convenio para la mejora de la calidad de las residencias y el sistema de asistencia a personas no autosuficientes finalmente aprobado. Además, el departamento logró ejecutar el 99,4% de su compromiso presupuestario este año.
Ley familiar
El Derecho de Familia es una de las normas centrales del legislador y este año 2022 ha iniciado su elaboración, que culmina a lo largo de 2023, de conciliación y cuidado y garantiza la protección de todas las familias con medidas como la prórroga de los permisos por cuidados y prestaciones para las familias, la extensión a más familias de la protección que hasta ahora estaba reservada a las numerosas o la equiparación de los derechos de los cónyuges de hecho con los del matrimonio.
Una de las novedades más relevantes que facilitará la conciliación de las familias es la creación de un nuevo permiso por cuidados con cinco días al año de permiso retribuido por cuidados para asistir a un familiar hasta el segundo grado o conviviente, que los trabajadores podrán utilizar en caso de un grave accidente o enfermedad, hospitalización o cirugía sin hospitalización que requiera reposo; ocho semanas de permiso parental, que podrá disfrutarse de forma continua o intermitente, hasta que el menor cumpla ocho años y permiso familiar de fuerza mayor que requiera cuidados inmediatos, que será de cuatro días retribuidos al año y que podrá disfrutar por horas.
sistema de tratamiento de adicciones
Mediante un acuerdo con las comunidades autónomas a través del Consejo Territorial, el departamento aprobó definitivamente el convenio para la mejora de la calidad de las residencias y el Sistema de Atención a las Adicciones. Desde su aprobación hasta 2029, se erradicará el modelo de macroresidencia, ya que los centros tendrán un tamaño máximo de entre 75 y 120 plazas, según la ubicación.
La propuesta compartida por derechos sociales establece que los centros residenciales tendrán que parecerse más a una casa, estableciéndose unidades de convivencia por afinidad de hasta 15 personas, que dispondrán de espacios comunes como salón o cocina. Asimismo, se incrementará progresivamente el número de trabajadores en las residencias de mayores, hasta que haya al menos un trabajador por cada dos personas atendidas. Además, se instituyó la gratuidad de los sujetos y se duplicó el compromiso de asistencia domiciliaria.
Reversión de cortes de adicción
En cuanto a la mejora del sistema de dependencia, el Ministerio de Derechos Sociales y la Agenda 2030 también ha aprobado, junto con las comunidades autónomas, la reversión de los recortes de dependencia que se produjeron en nuestro país en 2012 y 2013. Mediante la modificación de la Real Decreto 1051/2013, las personas en situación de dependencia de grado I podrán acceder a la ayuda residencial si así lo desean, se facilita el acceso a la prestación económica por asistencia en el ámbito familiar, se aumentan las cuantías máximas y mínimas para las prestaciones económicas y la intensidad de las horas mínimas de atención domiciliaria.
En línea con el compromiso del Gobierno de mejorar el sistema de dependencia, el Ministerio de Derechos Sociales ha incrementado en los presupuestos generales del Estado de 2021, 2022 y 2023 1.800 millones (600 millones anuales) de su presupuesto para mejorar el rendimiento, reducir las listas de espera y mejorar apoyo y atención a las personas no autosuficientes de nuestro país. Cifras históricas de inversión en este ámbito en nuestro país ya que entre esta aportación estatal y la apuesta del Gobierno por cambiar el modelo de bienestar gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la inversión total en este ámbito alcanzará los 4.600 millones de euros.
