María Jesús Montero, Ministra de Hacienda y Función Pública // Foto: Jorge Villa
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha confirmado este miércoles que el Gobierno aumentará del 7% actual al 10% el número de plazas reservadas para personas con discapacidad en futuras ofertas de empleo público.
En un encuentro con universitarios y jóvenes profesionales con discapacidad, la sede de ‘Por Talento Digital’ de Fundación ONCEMontero presentó las ayudas para la preparación de oposiciones dirigidas al colectivo y anunció que el Consejo de Ministros aprobará en segundo lugar el anteproyecto de Ley de la Función Pública, que contiene esta medida encaminada a mejorar el acceso de las personas con discapacidad a los puestos de empleo público.
Montero también confirmó que el texto también prevé la creación en cada uno de los departamentos ministeriales de un núcleo para la integración del personal discapacitado, medidas ambas exigidas por la Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermio).
“Hemos aprendido a lo largo de nuestra historia democrática a usar lentes morados para tener claro cómo las políticas públicas afectan la igualdad de género, ahora también debemos aprender a usar lentes para discapacitados para que, en cualquier acción de gobierno, tengamos una visión que nos permita acercarse a cómo y cómo impacta en el sector de la discapacidad»declaró Montero ante el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, y el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno.
El titular de Hacienda aseguró que la ley de la función pública pretende modernizar las administraciones públicas para que tengan «capacidad» de adaptarse a los «retos del futuro», algunos en un plazo «inmediato» como los referidos en discapacidad
En este sentido, reconoció las dificultades que encuentra la comunidad para acceder al empleo público, en particular de quienes padecen alguna discapacidad intelectual, y pidió que se adopten las medidas necesarias para que estas personas tengan la posibilidad de evaluar la posibilidad de elaborar un oposición, ya no sólo en las categorías C o B de la administración, “pero también al grupo de técnicos superiores cualificados, donde ojalá se sumen muchas personas con discapacidad”.
Por último, Montero destacó el esfuerzo del Gobierno para intentar garantizar el acceso de las personas con discapacidad al empleo público, y recordó que en los concursos celebrados entre 2019 y 2021 se convocaron hasta 2.080 plazas.
contenido de la ley
Al margen de lo que avance Montero, el contenido de la normativa, al que ha tenido acceso Servimedia, establece que se mantendrá «al menos» el 2% de las plazas ofertadas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto para personas que acrediten «cualquier otro tipo de discapacidad».
La reserva se hará sobre el total de plazas previstas en la respectiva oferta pública de trabajo, “las plazas reservadas para personas con discapacidad podrán concentrarse en aquellas licitaciones que se refieran a instituciones, escalas o categorías más adecuadas a sus capacidades y competencias”.
No obstante, por lo que se refiere a las unidades de inclusión, que se desarrollan en la disposición adicional novena del proyecto, corresponderá a éstas prestar al órgano de dirección del que dependan el «apoyo administrativo especializado que necesite en materia de inclusión de personal con discapacidades” y garantizar las “medidas de adaptación laboral” también incluidas en la norma.
Además, tendrán que hacer frente a la “plena integración y desarrollo profesional del mencionado personal en su entorno laboral, seguimiento y evaluación de las medidas a favor de las personas con discapacidad en las ofertas de empleo público, así como elaboración de estadísticas relativas a la ocupación real de los puestos en el respectivo sector”.
Estas unidades se integrarán “en la estructura orgánica de cada departamento ministerial y estará vinculada a la Subsecretaría a través de uno de sus órganos de dirección dependientes, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del departamento ministerial”.
El sector lo celebra
Tras conocer todos estos detalles, el presidente de la Fundación ONCE, Miguel Carballeda, celebró especialmente la iniciativa de reservar el 2% del empleo público a las personas con discapacidad intelectual, que “es lo peor que tienen”.
«Te aseguro que es un gran paso»Carballeda declaró ante el ministro. “Sé que tengo un hijo de 25 años que tiene síndrome de Down, Ministro, y no sé si podrá trabajar allí. Sé que tiene derecho, sé que está emocionado, sé su padre hará lo mejor que pueda, pero tiene que encontrar una oportunidad en un empleo privado o público y nos gustaría que alguien nos acompañe»ha declarado.
En este sentido, ha destacado que centros como la sede «Por el Talento Digital» de la Fundació ONCE son una herramienta «excelente» para dar «las mejores oportunidades» a quienes «más difíciles lo pasan».
En la misma línea el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, quien aplaudió al sector de la discapacidad que ha ganado tres puntos en el acceso al empleo público. Sin embargo, advirtió que «las cuotas solas no son suficientes» y pidió al Ministerio de Hacienda garantizar el 100% de cobertura de las plazas reservadas, frente al 56% actual.
“Las señales de alto y los procesos son totalmente inclusivos y las personas con discapacidad se sienten apoyadas, pero tenemos que arreglar esto. Es un fracaso que se llamen tantos puestos en procesos que son largos y exigen mucho trabajo y mucho trabajo en la propia Administración, y que luego resultan en puestos vacíos. Creo que esto es una falta de éxito colectivo»ha declarado.
Liderado por el director general de Servimedia, José Manuel González Huesa, el acto se celebró en la sede de ‘Por Talento Digital’, el centro de formación de la Fundació ONCE, y tuvo como referencia la presencia de trabajadores con discapacidad en el sector público . En este sentido, datos del INE de 2021 indican que el 24% de los trabajadores con discapacidad trabajan en este sector, lo que supone más de 125.000 personas, un porcentaje ligeramente superior (23%) al resto de la población.
Además, los datos indican que su presencia ha aumentado en los últimos años, con 35.000 nuevas entradas desde 2014, un incremento del 40% frente al 15% registrado en la población sin discapacidad. En el caso de las personas con discapacidad, el perfil corresponde a una mujer (56%) con edad entre 45 y 64 años (93%) y con alguna discapacidad asociada a la movilidad y la audición. La jornada también abordó la convocatoria de becas para favorecer el acceso al empleo público de personas con discapacidad.
