El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención de las Adicciones (SAAD) aprobó el pasado viernes la regulación de la figura del asistente personal, el desglose de la financiación para el nivel de dependencia pactado y una propuesta de desglose autonómico en un 0,7%.
Según lo informado por Ministerio de Derechos Socialesel órgano que agrupa al Gobierno y las comunidades ha definido y establecido las condiciones básicas de la figura del asistente personal, una necesidad histórica para muchas personas en situación de dependencia y para las organizaciones de personas con discapacidad.
De acuerdo con lo pactado, podrán acceder a esta ayuda las personas en situación de dependencia reconocida de cualquier grado, siempre que tengan tres años o más y necesiten apoyo para desarrollar su proyecto de vida.
En cuanto a los sujetos que presten servicios de asistencia personal, no podrán ser cónyuges o convivientes o asimilados por consanguinidad hasta el cuarto grado de consanguinidad. Podrán trabajar por cuenta ajena a través de una empresa acreditada o como autónomos con acreditación de la administración correspondiente.
En cuanto a la cualificación, se acordó solicitar al Instituto Nacional de Cualificaciones (Inqual) para la disciplina de un certificado de profesionalidad específico para la asistencia personal.
En cuanto a las cuantías, serán las establecidas por el Real Decreto 20/2012, de 13 de julio, entendiéndose que podrán ser incrementadas por la administración competente mediante su financiación.
Financiamiento de adicciones
Al mismo tiempo, el Consejo Territorial también aprobó definitivamente la asignación de más de 783 millones de euros para la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención de las Adicciones (SAAD), que fue autorizado por el Consejo de Ministros el pasado 3 de mayo.
El objetivo de esta financiación es acelerar la gestión del sistema, mejorar las condiciones laborales del sector y facilitar la transición del sector hacia un modelo de atención que pone la atención en la persona en el centro.
Los 783 millones del nivel pactado se distribuirán en dos tramos: el primero de 583 millones se distribuirá en función de los criterios de cumplimiento del plan de choque; y el segundo, de 200 millones, tiene por objeto la implantación del Convenio y la Calidad de los Centros y Servicios del SAAD.
De esta forma, las comunidades podrán obtener la máxima financiación del sistema de dependencia, especialmente cuando desarrollen líneas de actuación que persigan los criterios del denominado ‘nuevo modelo de residencia’.
Las cantidades que podría recibir cada comunidad autónoma son las siguientes: Andalucía (163,3 millones), Aragón (33,6), Asturias (21,7), Baleares (17,3), Canarias (26,1), Cantabria (24), Castilla y León (104 ), Castilla-La Mancha (47,6), Cataluña (110), Comunidad Valenciana (75,5), Extremadura (26), Galicia (31,8), Comunidad de Madrid (69), Región de Murcia (14,9), La Rioja (16,8) , Ceuta (232.958,69 euros) y Melilla (248.616,57 euros).
0,7% IRPF
Otro de los temas del orden del día del Consejo Territorial fue la propuesta de reparto de derechos sociales a las comunidades del tramo autonómico para el reparto del 0,7% del IRPEF y del Impuesto de Sociedades para destinarlo a subvenciones para actividades de utilidad social. interés.
Este año se repartirá la cantidad correspondiente recaudada en 2021, que asciende a 425.768.828 euros, según ha comunicado la Agencia Tributaria. De esta cifra, 330.907.533 euros corresponden a derechos sociales, el 77,72% del total.
En cuanto al impuesto de sociedades, la liquidación correspondiente al 0,7% ascendió a 45.123.157 euros, de los que el 77,72% del total se destinará también a derechos sociales.
Los fondos que recibirán las comunidades han crecido hasta el 80% del total y el 20% restante se ha destinado a subvenciones para entidades sociales del Estado.
Las comunidades autónomas recibirán un total de 395.300.789 euros, un 14,41% más, repartidos de la siguiente manera: Andalucía (57 millones), Aragón (10), Asturias (10,1), Baleares (6,3), Canarias (15,5), Cantabria (4,2 ), Castilla y León (22,8), Castilla-La Mancha (15,3), Cataluña (37,4), Comunidad Valenciana (28), Extremadura (9, 2), Galicia (30,3), Comunidad de Madrid (30,9), Región de Murcia (10,1), La Rioja (3), Ceuta (2,3) y Melilla (2,3). Esta división deberá ser ratificada por el Consejo de Ministros.
Por otra parte, el Consejo Territorial ha aprobado definitivamente la propuesta de distribuir 198.704.000 euros entre las comunidades autónomas, a excepción de Navarra y el País Vasco, para la protección de las familias, la lucha contra la pobreza infantil y el desarrollo de los servicios básicos de servicios sociales.
Asimismo, las comunidades concretaron la distribución de dos millones de euros para atender las necesidades de los gitanos más desfavorecidos y promover el desarrollo y la inclusión de este colectivo.
Finalmente, Drets Social compartió con las comunidades los pasos para poner en marcha un “Escudo Climático” para proteger a las personas más vulnerables en situaciones de calor extremo.
