Una persona en silla de ruedas paseando por un parque // Foto: Servimedia
El Defensor del Pueblo afirma en su último informe anual que el «retraso» en la valoración de la invalidez es de tal magnitud que “no permitía al afectado disfrutar de las prestaciones que se le hubieran podido pagar en vida”.
En su informe anual para 2022, que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, entregó este lunes a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, recoge las «muchas quejas» que los ciudadanos les dirigen “preocupados por el retraso en la valoración de la invalidez y las consecuencias que esto puede tener en la percepción de otro tipo de ayudas y prestaciones”.
En algunos casos, lamenta el Defensor del Pueblo, «la demora es tan grande que no permitió el beneficio que pudo haber recibido el titular de los datos».
En el caso de las prestaciones por hijos a cargo con discapacidad, “el retraso en la revisión de los grados de invalidez ha tenido como consecuencia que el Instituto Nacional de la Seguridad Social suspenda o cancele esta prestación por caducidad, aun cuando los interesados hayan presentado ante el órgano competente de cada sujeto prueba de la presentación de la referida comunidad revisión autónoma».
El Defensor del Pueblo señala que, en caso de retrasos, «es particularmente importante precisar la fecha de presentación de la solicitud, ya que los efectos de la resolución se determinan a partir de la fecha mencionada». Así lo subrayó la institución que preside Ángel Gabilondo “No es raro que la Administración solicite un método específico para presentar la valoración inicial del grado de invalidez”; no obstante, recuerda que la ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y la jurisprudencia es «clara» al testimoniar que “La fecha de recepción e inscripción de las escrituras no podrá ser condicionada por la Administración a su inscripción en el expediente cuando su existencia sea acreditada por el administrador mediante el recibo legalmente expedido”.
Por territorios, el informe incluye retrasos en Canarias, Castilla-La Mancha, Asturias, Extremadura, Andalucía, Cataluña, Región de Murcia y Comunidad de Madrid.
