Un audífono como los que la Generalitat ayudará a conseguir con menos requisitos // Foto: Shatishira en Pixabay
El Gobierno de la Generalitat de Catalunya aprobó este martes la modificación de las condiciones de acceso a la ayuda social para personas con discapacidad (PUA), una ayuda económica dirigida a personas con discapacidad física, psíquica o sensorial para hacer frente a los gastos ocasionados por la adquisición de productos y acciones que promuevan su autonomía personal.
A través de medidas compensatorias, señala este Ejecutivo en una nota, “el objetivo de esta disposición es mejorar la calidad de vida y promover la integración social de las personas con discapacidad”. Con estos cambios, que se aplicarán a la licitación de 2023, se espera aumentar el número de beneficiarios y simplificar el proceso de aportes.
Estas ayudas, prosigue, promueven que las personas con discapacidad obtengan o conviertan el permiso de conducción o adapten su vehículo. También podrán solicitar la compra de productos o servicios complementarios, como salvaescaleras, audífonos, celulares de voz, así como clases de lenguaje de señas o lectura de labios.
Asimismo, prevén que se podrán requerir intérpretes para personas sordas o sordociegas en formación posobligatoria y profesional, entre otros productos y servicios. Para cada licitación se establece un catálogo de productos y servicios (el último incluye más de 110 servicios).
Uno de los cambios aprobados se refiere a los criterios económicos que permiten acceder a estas contribuciones. A partir de ahora sólo se tendrá en cuenta la capacidad económica de los solicitantes, sin valorar en modo alguno la de los miembros de la unidad familiar.
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Además, a partir del próximo año, el beneficio otorgado no se reducirá de acuerdo a la capacidad económica de las personas, sino que corresponderá a las tarifas del módulo establecidas en el orden de licitación.
Los importes a cobrar en función del tipo de producto o acción son establecidos por el Área de Promoción de la Accesibilidad y Eliminación de Barreras de Departamento de Derechos Socialesque tienen en cuenta los valores medios de mercado estimados.
Finalmente, otro de los cambios se referirá al sistema de pago de servicios. Si hasta ahora el pago de las resoluciones estaba sujeto a la previa justificación del gasto, a partir de la convocatoria del próximo año se abonarán las prestaciones concedidas según el importe indicado en las resoluciones, sin necesidad de justificación previa y se realizará un control aleatorio posterior. afuera.
El Departamento de Derechos Sociales tiene previsto adelantar la convocatoria de estas ayudas al primer trimestre de 2023 y destinar más del doble del presupuesto. Dado que este año no se abrió la licitación, el próximo año se permitirá, excepcionalmente, presentar los gastos incurridos durante 2022.
