Carles Campuzano, consejero de Derechos Sociales // Foto: gencat
El propietario de Derechos sociales, Carles Campuzano, ha participado esta semana en el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Autonomía y Atención a las Adicciones. Durante el encuentro, que tuvo lugar en la sede del Ministerio de Derechos Sociales y la Agenda 2030, se abordó, entre otros temas, la regulación de las prestaciones y servicios del régimen de dependencia.
Durante la reunión, el comisario lamentó que, en el ámbito de la asistencia a las personas en situación de dependencia, “el Estado se dedica a regular las obligaciones, pero no proporciona los recursos necesarios para financiarlas”una situación que llamó «insostenible».Campuzano, que viajó a Madrid acompañado del secretario general, Oriol Amorós i March, explicó que Cataluña había votado en contra de los cambios propuestos por el Estado en este sector, «Aunque podemos compartir el fondo, las mejoras propuestas perpetúan una situación financiera insostenible y son una invasión de conocimientos».
Campuzano también ha explicado que las reformas que quiere implantar el Estado español en la asistencia a las personas dependientes tendrán un grave impacto en la viabilidad del sistema. En ese sentido, informó que “Cataluña sufre una infrafinanciación crónica y el crecimiento de los recursos que necesitaremos en los próximos años para hacer frente al envejecimiento de la población no se puede sostener con el modelo actual”. La ministra ha recordado que de los 18.000 millones de euros invertidos como dependencia en Cataluña, 3.000 millones son de cuota ciudadana, 3.000 millones son aportaciones del Estado y 12.000 millones los paga la Generalitat y ha explicado que España destina sólo el 0,9 % del PIB en dependencia, mientras que otros países europeos gastan entre un 2 y un 4%.
Según Campuzano, “Se discute un decreto del gobierno estatal sobre adicciones que propone mejoras, pero que no da respuesta a un problema endémico”. Por eso, la titular de los derechos sociales ha pedido abrir un debate en el conjunto del Estado para hacer sostenible el sistema, “un debate que aborde cuestiones necesarias como la reducción de las listas de espera, la adecuación de los servicios y apoyos que reciben las personas en situación de dependencia, la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras o la reforma que necesita el sistema para avanzar hacia un vida independiente». “Cataluña quiere afrontar estos retos, pero esto no será posible mientras el Estado siga invadiendo las competencias y sin comprometerse en términos de financiación”respondió.
